La demanda será presentada frente a la corte federal del distrito
Hace rato que el muro fronterizo en sí no era noticia, pero esto cambió esta semana luego de que un juez decretara que el caso puede ser presentado a la Corte del Distrito del Distrito de Columbia.
Políticas migratorias: el resumen
Si has estado siguiendo las noticias de inmigración, sabes que muchas de las políticas impulsadas por la administración Biden en esta área se han visto impedidas por demandas presentadas por estados federados y grupos opositores. Esto ha llevado a demoras de meses para poder implementar medidas nuevas o descontinuar mediadas impulsadas por la Administración Trump, como sucedió por ejemplo con la política de asilo “Quédate en México”, que recién se pudo archivar hacer algunos días tras una extensa batalla en las cortes.
En lo que respecta al muro fronterizo, estamos frente a una demanda presentada por la Coalición de Reforma Migratoria de Massachusetts – MCIR por su sigla en inglés – y un grupo de seis ciudadanos. En total, el MCIR presentó unos once reclamos, de los cuales solamente uno involucra la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos.
El MCIR argumenta que la administración Biden violó las leyes medioambientales al detener la construcción del muro fronterizo, así como al frenar la implementación de las medidas de control migratorio introducidas por el expresidente Trump.
El juez de la corte del distrito Trevor McFadden recibió la demanda y decidió que puede proceder, aunque solamente aceptó nueve de los once reclamos presentados.
El reclamo de MCIR
Como institución, el MCIR se declara a favor de la “baja migración y a favor del migrante”, aunque la queda en cada uno evaluar la validez de esa declaración. La demanda del MCIR invoca la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA en inglés). Como ley federal, NEPA debe aplicarse a todo proyecto o acción de carácter federal, con lo que sus efectos relevantes en el medioambiente deben ser evaluados para medir su impacto, y ser luego tratados de manera acorde.
El MCIR argumenta que las medidas migratorias implementadas por la administración Biden han tenido un efecto medioambiental comprobable que no fue tenido en cuenta al momento de ser puestas en práctica.
“Si NEPA debe aplicarse a toda política gubernamental, debería aplicarse a las políticas federales que inducen el crecimiento poblacional” – expresó por escrito la organización en su demanda – “cuando el gobierno federal toma la decisión de crear crecimiento poblacional a través de la inmigración, toma una decisión que produce consecuencias significables y previsibles a nivel medioambiental”.
Además, los ciudadanos co-autores de la demanda, seis ciudadanos provenientes de Pennsylvania, Minnesota y Arizona también hicieron declaraciones sobre el impacto mediambiental de la política migratoria.
Un ganadero de Arizona dijo que los migrantes que cruzan la frontera dejan detrás basura, prendes fuegos e impactan la tierra de manera negativa de otras formas. También mencionó que su familia está preocupada por la posible presencia de miembros de cárteles de drogas y traficantes de personas. “La vida en la frontera durante la migración masiva es muy estresante. La tierra está siendo arrasada y constantemente degradada”.
Muro fronterizo e impacto ambiental: un problema de enfoque
Si bien el impacto ambiental de las acciones humanas en el medioambiente es un hecho innegable, la forma en que medimos ese impacto y las medidas que impulsamos para frenarlo o mitigarlo merecen un análisis profundo y crítico, al igual que las causas deben ser estudiadas y abordadas de forma multidisciplinaria y contextual.
La demanda del MCIR sostiene algunos puntos válidos, pero yerra en el enfoque. Es verdad que las acciones que la administración presidencial toma tienen un impacto ambiental, pero no puede darse por sentado que las anteriores políticas de disuasión hayan tenido un impacto menor. Como hemos tenido ocasión de observar, los migrantes seguirán tratando de cruzar la frontera mientras nuestro país ofrezca mejores condiciones de vida, incluso siendo indocumentados.
Los reclamos del MCIR tienen similitudes inquietantes con discursos ecofascistas, que bajo una “bandera verde” llaman al control poblacional, pero apuntando contra grupos específicos que suelen sufrir discriminación, ya sea por su pertenencia cultural o el color de piel de sus integrantes.
La próxima audiencia de este caso está programada para el 29 de septiembre. Seguiremos reportando el avance de este caso a medida que se desarrollen los acontecimientos.
