Perseveran en la Corte las prioridades de deportación de Biden.
En una decisión 8-1 que tomó desprevenido al público estadounidense, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló en contra de los estados republicanos de Texas y Louisiana que habían demandado las prioridades de deportación 2023 establecidas por Joe Biden en el 2021.
Estas prioridades de deportación buscaban agilizar los procedimientos y asegurar la frontera a nivel nacional, enfocándose solo en aquellos migrantes que cuenten con graves antecedentes criminales. Así es como la administración buscaba un trato justo, humanitario, además de garantizar que los recursos fronterizos sean destinados a casos más urgentes antes que a personas que habían cometido delitos menores.
Ante esto, funcionarios republicanos de Texas y Luisiana acusaron al gobierno de no consultar con el Congreso, y llevaron el debate al Tribunal Máximo. ¿Qué sucedió en la Corte? En Inmigrando con Kathia se los contamos todo.
¿Cuáles son las prioridades de deportación en Estados Unidos?
Las prioridades de deportación en Estados Unidos han sido establecidas y actualizadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en diferentes momentos y bajo diferentes administraciones. Estas prioridades determinan los criterios utilizados por las autoridades de inmigración para decidir qué individuos son considerados como prioridades para la deportación.
Bajo la administración del expresidente Donald Trump, se implementó una política de «mano dura» en la inmigración. Esto incluyó una ampliación de las prioridades de deportación para incluir a un rango más amplio de personas en situación irregular, independientemente de si tenían condenas penales o no.
Una vez llegado al poder, Joe Biden junto con el secretario del DHS Alejandro Mayorkas, establecieron en 2021 nuevas y más humanas prioridades de deportación. Fueron anunciadas por Mayorkas a través de un memorándum del DHS, en donde se especificó que solo realizarán deportaciones rápidas a quienes cuenten con antecedentes penales graves, y no a quienes hayan cometido delitos menores más bien relacionados a la inmigración. Esto dio un giro total en el sistema migratorio estadounidense, le otorgó más responsabilidades a los fiscales, y no sucedió sin controversias.
¿Qué sucedió en la Corte Suprema?
Dentro de la corte, la decisión mayoritaria 8-1 contra la demanda de Texas y Louisiana terminó dándole la inesperada victoria a la administración Biden.
Mientras que los demandantes habían argumentado que las prioridades de deportación 2023 eran incoherentes con la ley de inmigración, la Corte Suprema definió que los estados no tenían “legitimidad” ni potestad para demandar una política migratoria de índole federal.
Además, los discursos de Tolerancia Cero difundieron una imagen irreal de lo que estas prioridades de deportación significan, puesto que ni Biden ni Mayorkas dijeron nunca que no se deportaría a indocumentados, sino que el foco estaría en los que presentaran antecedentes penales graves que signifiquen un peligro para la seguridad nacional.
Esta revisión de las prioridades comenzó en noviembre del año pasado, ya que algunos meses antes (durante el mes de julio), le habían impedido a la administración implementar los protocolos hasta que no sean evaluados.
Así es como, con la palabra final de la Corte Suprema, el conflicto alrededor de las prioridades de deportación parece haber llegado a su fin. Afortunadamente, la justicia decidió a favor de la seguridad y el amparo tanto para los ciudadanos del país como para los extranjeros que llegan en busca de una vida mejor.
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