La frontera está emergiendo nuevamente como un tema político clave, y la política del Título 42 es uno de los primeros frentes de batalla. La medida implementada durante la era Trump permite que muchos solicitantes de asilo sean rechazados en la frontera sur de Estados Unidos.
Hace algunos días mencionamos la orden del juez Emmet G. Sullivan para poner fin a la controversial medida. Hoy la noticia vuelve a estar en el foco por la apelación de 15 estados republicanos para que la medida siga en vigor.
La disputa continúa
Tras los sucesos del jueves pasado, este lunes por la noche 15 estados, todos menos uno liderados por republicanos, presentaron una moción para intervenir en la decisión en torno a la ley de Titulo 42.
Esto significa que quieren formar parte de los procedimientos legales que buscan desterrar la actual regla. Como alegato, expusieron que levantar la regla aumentará la llegada de migrantes a la frontera, lo que les “perjudicará directamente” causandoles “un daño irreparable por la terminación inminente del Título 42”.
El caso fue presentado por los fiscales generales de Arizona, Luisiana, Alabama, Alaska, Kansas, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
La Lucha legal en torno al Título 42
El fallo emitido el 15 de noviembre en Washington por el juez Sullivan estableció que la regla invocada por primera vez por Trum llegue a su fin el 21 de diciembre. Lo que da a la administración federal cinco semanas para prepararse para el cambio.
Sin embargo, tal resolución parece estar en conflicto con un fallo previo, dictado en mayo por un juez federal en Luisiana, que mantuvo las restricciones de asilo. Pero el juez Sullivan concluyó que no había base para continuar con la política.
La nueva apelación muestra la incertidumbre de la administración de Biden alrededor de la medida. El presidente y sus funcionarios han recibido oposición de ambos partidos por su gestión del Título 42.
Los republicanos se han opuesto ampliamente a poner fin a la política. Mientras que algunos demócratas centristas expresaron su escepticismo sobre si la Administración está preparada para un aumento de los solicitantes de asilo.
Según el medio The New York Time, Lee Gelernt, abogado de la ACLU, expresó recientemente su disconformidad con el manejo realizado por la administración de Biden respecto de la medida:
“Los estados creen erróneamente que el Título 42 se puede usar para el control fronterizo general (…) pero es una disposición de salud pública limitada, y estos estados no han demostrado remotamente que necesitan el Título 42 por razones de salud pública.”
La situación de los inmigrantes latinos
Al momento, más de 2,4 millones de inmigrantes latinos han sido deportados de Estados Unidos bajo los términos del Titulo 42 desde que la regla entró en vigor en marzo de 2020. Aun así, la implementación del Titulo 42 se ha aplicado de manera desigual entre los inmigrantes latinos.
Los inmigrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador han sido los principales grupos damnificados, dado que el gobierno de México permite que sean devueltos desde Estados Unidos. Recientemente, también se han sumado importantes contingentes de venezolanos entre los expulsados.
En abril, el CDC dijo que pondría fin a la orden de salud pública y volvería al procesamiento fronterizo normal de los inmigrantes, dándoles la oportunidad de solicitar asilo en los EE.UU. Sin embargo, aún no han habido avances concretos en ese frente.
Una vez más, volvemos a estar en vilo, a la espera de cambios que traigan una resolución favorable para los migrantes latinos.
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