Será más fácil conseguir la residencia permanente
La administración Biden anunció en el día de ayer que implementará su nueva regla de carga pública 2022. Con un cambio dramático de requisitos, esta regla hará que sea más fácil sacar la residencia permanente.
Te contamos cuáles son los nuevos requisitos, en qué se distingue de la regla de carga pública implementada por la administración Trump y a partir de cuándo comienza a correr la nueva regla.
¿Cuándo se implementará la nueva regla de carga pública?
Según anunció DHS en un comunicado, la nueva regla tendrá efecto a partir del día 23 de diciembre de 2022. Sin embargo, ya en febrero de este año habían anunciado estar trabajando en la nueva regla, que había sido publicada para consideración del público. Con el anuncio de implementación, se cambian radicalmente los criterios para considerar quienes pueden o no solicitar la residencia permanente según las posibilidades de que puedan volverse “carga pública”.
¿Qué significa “carga pública”?
Este término se usa para determinar si un inmigrante tiene altas probabilidades de volverse una carga económica para el país. Si se considera carga pública, esas persona no podrá solicitar la residencia permanente o green card.
¿En qué cambia la nueva regla de carga pública 2022?
Durante la administración Trump se implementó un gran cambio a la regla de carga pública, destinado a desincentivar la cantidad de solicitudes de residencia permanente. DHS expandió el listado de beneficios gubernamentales que eran tenidos en cuenta para la carga pública, lo que volvió a muchas familias inmigrantes que residen en Estados Unidos inelegibles para la residencia permanente.
Dicha regla se implementó en el año 2020, tras meses de una ardua batalla legal. Con ella, el uso de estampillas de comida, vales de elección de alojamiento y la cobertura médica Medicaid podían ser tomados en cuenta contra los inmigrantes que solicitaran la Green Card. La administración Trump también creó un nuevo examen para considerar la carga pública que tenía en cuenta los ingresos, edad, condiciones médicas, habilidades y tamaño familiar de un inmigrante para determinar si era probable o no que tuviera que solicitar esos beneficios en el futuro.
Para cientos de miles de migrantes y sus familias, esta regla significó una elección desesperada entre solicitar servicios que necesitaban para vivir – especialmente en un tiempo de emergencia sanitaria y grandes dificultades económicas como fue el comienzo de la pandemia – o intentar mantenerse sin ayuda alguna para poder pedir eventualmente la residencia.
Muchas familias con niños no accedieron a beneficios federales a los que estaban calificados por miedo a repercusiones.
¿Cómo cambia la regla de carga pública 2022?
Con la nueva regla de carga pública, USCIS solamente considerá a un inmigrante una carga pública “si es probable que se vuelva dependiente del gobierno para su subsistencia en cualquier momento”. Se considerará que este es el caso si necesitan ser institucionalizados en instituciones financiadas por el gobierno, o se vuelven dependientes de beneficios de dinero en efectivo, como los programas de Ingreso de Seguridad Suplementario o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.
Estos son lo cambios implementados por la nueva regla de carga pública:
- DHS NO considerará para la carga pública los beneficios recibidos por los miembros familiares del solicitante.
- DHS NO considerará algunos beneficios de asistencia gubernamental (excepto que sean de dinero en efectivo). Entre los beneficios excluidos de la carga pública, se encuentran: SNAP y otros programas nutricionales, CHIP (asistencia médica para niños) y Medicaid (a menos que se trate de largos períodos de institucionalización. Beneficios de alojamiento, inmunización o testeo para enfermedades transmisibles, así como otros beneficios con propósitos específicos también se encuentran excluidos.
- DHS creará un nuevo Manual de Actualización de la Política para ayudar a los agentes de USCIS a aplicar la nueva regulación de forma justa y consistente, y para informar mejor al público de cómo se implementarán los cambios.
- DHS hará esfuerzos de comunicación institucional para mantener al público informado de los cambios y para minimizar los riesgos de confusión y para asegurarse que las personas elegibles no renuncien a beneficios a los que están calificados y no cuentan para la carga pública.
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