Este artículo habla sobre la nueva regla de carga pública. La foto muestra muchas personas con banderines de los Estados Unidos.

Nueva regla de carga pública: la propuesta de DHS

El Departamento de Seguridad Nacional restringe la lista de beneficios públicos que cuentan para la inadmisibilidad por carga pública

Hace apenas algunos días, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que propondrá una nueva regla de carga pública. DHS describió la propuesta como más justa y humana en comparación con la modificación realizada en 2019.

¿Qué es la carga pública y a quién afecta?

La carga pública es un criterio que aplica a las personas extranjeras o migrantes que aplican a una visa para ingresar a los Estados Unidos (sea de forma temporal o permanente), a las que intentan ingresar al país y/o a las que buscan cambiar su estatus migratorio mediante la obtención de la residencia permanente.

Las agencias gubernamentales responsables pueden negarle la visa o el ajuste de estatus a las personas si se considera que son o tienen el potencial de volverse una carga pública, es decir, dependientes de servicios públicos que el Estado ofrece, siendo entonces incapaces de solventar sus costos de vida independientemente.

El criterio de carga pública no afecta a todos los extranjeros y migrantes por igual. Según determinó el Congreso, Los refugiados, asilantes, aplicantes de VAWA y otros grupos particulares están exceptuados de comprobar que no son carga pública.

La última modificación del reglamento que afectaba gravemente a los migrantes

En el año 2019 la administración del entonces presidente Donald Trump, con una agenda política claramente antimigratoria, decidió implementar un nuevo reglamento para la carga pública que volvía mucho más difícil obtener la residencia permanente.

Bajo ese reglamento, muchos beneficios públicos disponibles para el ciudadano promedio que el Congreso había puesto a disposición de la gente pasaban a ser considerados carga pública. Para la comunidad migrante y las organizaciones civiles que abogan por sus derechos esto fue un claro movimiento para introducir una barrera económica a la migración y excluir sistemáticamente a la gente de bajos ingresos que buscaba acceder a la residencia permanente.

En un país como los Estados Unidos, donde los servicios de salud son muy caros, donde contar con transporte propio se vuelve casi imprescindible, donde los sueldos mínimos no cubren en muchos estados federados las necesidades de la gente y donde el acceso a la vivienda es muchas veces una pesadilla, la asistencia estatal es clave para que la gente pueda llevar una vida digna.

La nueva regla de carga pública propuesta

Con la nueva regla de carga pública, muchos beneficios dejan de ser considerados a la hora de determinar admisibilidad. Por ejemplo, los beneficios no monetarios como programas de asistencia nutricional como SNAP, el programa de seguro médico infantil y la mayoría de los beneficios de Medicaid dejan de estar incluidos en la lista considerada. Para Medicaid se seguirá sin embargo considerando la internación a largo plazo si es financiada con dinero estatal.

Otros beneficios que ya no serán considerados carga pública son los beneficios de vivienda y vouchers de transporte. Similarmente, la asistencia por la pandemia del Covid-19 dejará de contar, al igual que ciertos beneficios impositivos, de seguridad social y los beneficios o pensiones gubernamentales que las personas hayan ganado con su labor.

Este artículo habla sobre la nueva regla de carga pública. La foto muestra al Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que la regla implementada por la administración Trump en 2019 no era consistente con los valores de la nación estadounidense.

Buenas noticias para los migrantes

Esta nueva regla de carga pública es sin duda una buena noticia para muchos migrantes. Como resultado de la última modificación, muchas personas que trabajan y contribuyen activamente a la sociedad tuvieron que abstenerse de acceder a beneficios que podrían haber mejorado considerablemente sus vidas por temor a no poder conseguir la residencia permanente. También sucedió que familias de estatus migratorio mezclado tuvieron miedo de acceder a beneficios públicos para sus niños, aunque ellos tuvieran ciudadanía.

La administración de Biden ya había decidido dejar fuera de efecto la regla instaurada por Trump, por lo que USCIS había vuelto a implementar el reglamento original para determinar la carga pública. Ahora, la administración Biden preparó una propuesta con la nueva regla de carga pública a publicarse a la brevedad. Se dará un período de 60 días para realizar comentarios públicos.

Después de varias semanas de frustración en la agenda migratoria, tenemos una pequeña victoria que celebrar. Esperamos que las próximas noticias nos sigan trayendo esperanza y mientras tanto dedicamos una oración para toda nuestra hermosa y fuerte comunidad migrante. ¡Bendiciones a todos!

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