La Corte Suprema da tiempo para que Biden apele la orden del juez
La Corte Suprema de Estados Unidos le otorgó al gobierno liderado por el presidente Biden la oportunidad de evitar que se vuelva a instalar el programa Permanecer en México, una controvertida política migratoria de la era Trump que obliga a miles de personas a esperar en México mientras se resuelven sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.
El juez federal de distrito Matthew J. Kacsmaryk ordenó la semana anterior que el programa Remain in Mexico se restableciera el pasado sábado. Sin embargo, la administración de Biden recurrió al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos en Nueva Orleans y solicitó una demora en la reimplementación del programa, pendiente de apelación. Como esta solicitud fue denegada el jueves, el gobierno recurrió al tribunal superior.
Como consecuencia, el juez de la Corte Suprema Samuel Alito emitió una orden concisa para suspender la decisión del tribunal inferior que buscaba la reactivación del programa Permanecer en México. La medida temporal dará tiempo a la Corte Suprema para revisar la solicitud de la administración Biden de detener la orden del tribunal inferior mientras se apela el caso.
Alito ha requerido a los estados que están impugnando la revocación de la política por parte de la administración Biden que respondan a la solicitud de la administración antes de las 5 pm de este martes.
El panel del Quinto Circuito que dictaminó el jueves por la noche incluyó a dos nominados por Trump, Andrew Oldham y Cory Wilson, junto con Jennifer Walker Elrod, nominada a la corte de apelaciones por el ex presidente George W. Bush
¿Qué es el programa Permanecer en México?
Formalmente conocido como los Protocolos de protección al migrante, el programa Permanecer en México ordenaba que decenas de miles de migrantes que buscaban asilo en Estados Unidos esperaran la resolución de sus casos en México. Se trata de una medida de la era Trump que fue implementada por primera vez en 2019 y marcó una desviación sin precedentes de los protocolos anteriores.
La intención de la medida era desalentar a los solicitantes de asilo, pero los críticos afirmaron que niega a las personas el derecho legal a buscar protección en los Estados Unidos y los obliga a esperar en las peligrosas ciudades fronterizas. Se estima que 68,000 migrantes fueron obligados a permanecer en México en condiciones precarias y peligrosas.
La administración Trump dejó de usar en gran medida el programa Permanecer en México al comienzo de la pandemia, momento en el que comenzó a hacer retroceder a prácticamente todos los que cruzaban la frontera suroeste bajo un protocolo diferente: la orden de salud pública conocida como Título 42 que aún permanece vigente.
Luchas en la corte por volver a instalar el programa Permanecer en México
El presidente Joe Biden había suspendido la política en su primer día en el cargo, y el Departamento de Seguridad Nacional había declarado que terminaría permanentemente el programa en junio. Y así lo hizo.
Sin embargo, el juez Kacsmaryk, designado por Trump, ordenó la semana pasada que se restableciera el programa Remain in Mexico en respuesta a una demanda presentada por los estados de Texas y Missouri, cuyos gobernadores han estado buscando restablecer algunas de las políticas antiinmigrantes de línea dura de la administración del ex presidente Donald Trump.
Texas y Missouri argumentaron que la administración Biden no había pasado por los procedimientos administrativos adecuados para poner fin a la política, un argumento legal que tuvo éxito repetidamente en algunos de los desafíos legales presentados contra las políticas de inmigración de la administración Trump.
La administración Biden argumentó en escritos que el presidente, en este caso Joe Biden, tiene “autoridad clara para determinar la política de inmigración” y que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tenía discreción para decidir sobre el lugar de espera de los solicitantes de asilo en Estados Unidos.
En su escrito ante la Corte Suprema el viernes, la administración argumentó que la política había estado inactiva durante más de un año y que su reinstalación abrupta «perjudicaría las relaciones de Estados Unidos con socios regionales vitales, interrumpiría severamente sus operaciones en la frontera sur» y amenaza con crear una crisis diplomática y humanitaria.
