¿El racismo en Estados Unidos afecta la Ley de Inmigración?
Últimamente, nos hemos acostumbrado a leer a diario noticias angustiantes que involucran a la comunidad migrante de los Estados Unidos. Los casos de arrestos, las detenciones y las órdenes de deportación siempre ocupan algún titular de los principales medios de comunicación. Estas historias se entremezclan con cualquier debate que involucre la política migratoria estadounidense, desde cuestiones relativas a la seguridad fronteriza hasta la reforma migratoria. Pero esto no ha sido siempre así.
El enfoque político que restringe y dificulta la circulación de los migrantes no ha predominado siempre en este país. La criminalización de cruzar la frontera México Estados Unidos y la detención de inmigrantes fueron la excepción y no la norma hasta los años ‘90. Así lo afirma el profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, César Cuauhtémoc García Hernández en su libro “Crimmigration Law” donde estudia el vínculo entre inmigración y criminalización que se profundizó en los últimos años en los Estados Unidos.
El profesor García Hernández afirma que que esta forma de proceder no coincide con gran parte de la historia de la nación estadounidense y los valores que en teoría se defienden.
“No es una coincidencia que la ley de inmigración se criminalizara más justo cuando Estados Unidos cerró muchas de las vías legales para que los mexicanos inmigrasen legalmente; podemos mirar la delincuencia desde un punto de vista racializado en el contexto actual ” apunta el profesor de la universidad de Ohio.
En pocas palabras, García Hernández afirma que la ley de inmigración y la ley penal se han fusionado paulatinamente, dando como resultado un perjuicio de los derechos de quienes día a día buscan migrar a los Estados Unidos. Esta transformación evidencia un componente discriminatorio que delata los niveles actuales de racismo en Estados Unidos, en especial con la comunidad migrante.
“Hay personas de Canadá, Australia y Europa Occidental que vienen aquí legalmente y luego se quedan más tiempo de sus visas. Pero cuando se mira las estadísticas de ICE, las personas que están encerradas o con orden de deportación por visas de más de tiempo son abrumadoramente latinoamericanas”, aseguró García Hernández refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (USCIS).
A su vez, el profesor agregó que el gobierno está utilizando sus limitados recursos de inmigración contra personas de origen centroamericano y latinoamericano que llegan a la frontera México Estados Unidos mucho más que contra personas de otras nacionalidades.
¿Desde cuándo y por qué se comenzó a criminalizar a la comunidad migrante?
Años atrás, el gobierno tenía una política de utilizar la figura de la detención solo en circunstancias inusuales, por lo general en zonas cercanas a la frontera México Estados Unidos. Sin embargo, los números evidencian que esto ha cambiado en el último tiempo: durante el año fiscal 2011, 429.000 personas con procesos migratorios fueron detenidas.
Según García Hernández, hubo tres razones en los años ochenta y noventa que impulsaron estas tendencias. En primer lugar, el número de personas deportadas por haber cometido un delito aumentó debido a que aumentó el número de delitos que podían ser causal de deportación. En segundo lugar, el Congreso aumentó el poder de detención de los funcionarios de inmigración y les proporcionó el dinero necesario para ejercerlo. Y en último lugar, el gobierno federal y algunos estados comenzaron a basarse en un modelo de justicia penal para controlar el flujo migratorio.
La justicia injusta: se aplican los castigos penales pero no las protecciones
A pesar de que la ley penal se encuentra cada vez más implicada en los casos de inmigración en cuanto a los castigos, algunas de las protecciones constitucionales que se aplican en casos penales no se aplican o lo hacen de manera muy reducida en los procedimientos migratorios.
Por ejemplo, García Hernández afirma que las protecciones proporcionadas por la Cuarta Enmienda contra arrestos arbitrarios y registros irrazonables en gran medida no se consideran para los inmigrantes con orden de deportación. Lo mismo ocurre con el derecho garantizado en la Sexta Enmienda a tener un abogado (incluido un abogado designado), a un juicio rápido y a un juicio con jurado.
«Las reglas federales de evidencia no se aplican en absoluto en los tribunales de inmigración, por lo que las pruebas incautadas ilegalmente se pueden utilizar para reforzar el caso del gobierno en asuntos de inmigración» agregó García Hernández.
Sin embargo, más allá de estas transformaciones históricas, es responsabilidad de los sucesivos gobiernos proponer una reforma migratoria que apunte a la construcción de un sistema integral más humano y eficiente o continuar profundizando la criminalización migratoria y el racismo en Estados Unidos.
Finalmente, desde Inmigrando con Kathia queremos remarcar que todos los que pasan por el sistema legal merecen una oportunidad justa. Debemos procurar que la calidad del proceso sea tan importante como la calidad del resultado.
