Luego de que la administración de Biden implementara nuevos criterios para el beneficio que es la carga pública, los partidarios de la oposición intentaron apelar la decisión a través de la Corte Suprema. Este lunes, una vez más, un juez avaló la decisión presidencial.
Los 14 estados, encabezados por Ken Paxton de Texas, buscaban intervenir en un caso que desafía la política de inmigración de “carga pública” de la era Trump. La misma prohibía a ciertos inmigrantes obtener la residencia permanente legal por medio del criterio de evaluación que es la carga pública.
¿Qué es carga pública?
La regla conocida como “Carga Pública” se encuentra incluida dentro de la ley de migración nacional. En ella se establecen diversos criterios de inadmisibilidad que impiden que una persona entre o permanezca en Estados Unidos.
Por lo general, los ciudadanos estadounidenses se encuentran dentro del grupo a quienes no afecta la carga pública. Pero para los inmigrantes es particularmente relevante si se encuentran intentando ajustar su estatus y obtener una tarjeta verde.
¿Qué cambios tuvo la carga pública?
Desde el 23 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional, retomó los antiguos criterios de la regla migratoria que es la carga pública. De esta forma, desestimó la ampliación de la regla que Trump estableció en 2019.
Esto acabó reduciendo la cantidad de inmigrantes a quienes no afecta la carga pública, y que no eran elegibles para la residencia permanente legal de EE. UU. o tarjetas verdes. La restricción ampliada fue aplicada a los inmigrantes que reciben un beneficio del gobierno.
Entre los programas que caían bajo este criterio se incluía: seguro médico Medicaid para los pobres y cupones de alimentos durante más de 12 meses en cualquier período de tres años.
No obstante, a partir de este año, los criterios a tomar en cuenta serán:
- Edad, salud, estatus familiar, activos, recursos, estado financiero, educación y habilidades
- Declaración Jurada de patrocinio Económico en los casos pertinentes (según sección 213A de la ley de inmigración)
- Recibir o haber recibido asistencia de alguno de estos programas:
- Seguro de Ingreso Suplementario (SSI)
- Asistencia en efectivo para mantener ingresos del programa TANF para familias necesitadas
- Programas estatales, tribales, territoriales o locales de asistencia en efectivo (asistencia general)
- Institucionalización a largo plazo a costo del gobierno
¿Qué se discutió en la corte?
Los republicanos han criticado duramente las políticas de inmigración de Biden. El líder demócrata llegó a la Casa Blanca prometiendo deshacerse de la línea dura seguida por Trump en materia de inmigración. Aunque los resultados aún son escasos.
Ante esta situación, los líderes de la oposición intentaron desestimar los cambios, apelando al apoyo de la Corte Suprema.
El movimiento de la corte no fue inesperado. El nuevo caso no se centró en la legalidad de la regla, sino en si la administración de Biden siguió los procedimientos adecuados cuando se dispuso a revocar la regla y desestimar los desafíos legales pendientes.
¿Cuál fue el veredicto y que esperar a continuación?
La Corte reconoció cierta preocupación por la labor presidencial. En su afán por conseguir la aprobación de la medida, la administración de Biden eludió ciertos procedimientos para revertir la política de Trump y ampliar el cupo de personas a quienes no afecta la carga pública.
Esta situación plantea «una serie de preguntas importantes» para futuras disputas. Sin embargo, no pone en juego la aplicación del actual criterio de inmigración que es la carga pública.
La impugnación fue desestimada. Con esto, el caso volvió a los tribunales inferiores, donde los tribunales inferiores sostuvieron que la nueva apelación era extemporánea.
