Organizaciones piden a Biden extender una polémica orden ejecutiva
Un grupo de 85 organizaciones de derechos humanos y migrantes presentó un pedido solicitando extender la orden ejecutiva del presidente electo Joe Biden que impide renovar contratos cárceles privadas en Estados Unidos a los centros de detención migrante manejados por ICE. EL pedido se realizó con las autoridades del Departamento de Justicia (DOJ) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La orden ejecutiva y su aplicación
La orden ejecutiva, realizada el 26 de enero de 2021 solo alcanza a las agencias que operan bajo el DOJ. Es así que mientras el BOP (Buró de Prisiones) y el USMS (Cuerpo de Alguaciles de los Estados Unidos) ya no pueden renovar o implementar contratos con prestadores privados de prisiones, la agencia ICE, que opera bajo el DHS, tiene vía libre para seguir haciéndolo sin tapujos.
Además, contrario a lo que la orden ejecutiva establece, el DOJ ha permitido en algunos casos la extensión de contratos con entidades privadas. En algunos casos, se han realizado negociaciones para convertir esas prisiones en nuevos centros de detención, traspladando el manejo a ICE. La falta de transparencia de ICE sobre estas negociaciones ha sido también causa de alarma para las organizaciones.
La Detention Watch Network y Project South elaboraron un documento informativo detallando todos los manejos y estrategias que se están implementando para perpetuar la utilización de cárceles privadas en Estados Unidos y la creación de nuevos centros de detención a manos de grupos privados.
Los intereses de las empresas que manejan cárceles privadas en Estados Unidos y sus repercusiones
Las prisiones privadas tienen por principal incentivo la generación de ganancias y un claro interés en aumentar sus poblaciones para perpetuar prácticas de explotación laboral que se asemejan escalofriantemente a la esclavitud.
En el sistema judicial, las personas de color y trabajadores de bajos ingresos son grupos particularmente vulnerables a la encarcelación a causa de discriminaciones sistémicas que llevan a una gran cantidad de individuos a terminar en prisión por crímenes no violentos y condenas desproporcionalmente extensas.
Los inmigrantes documentados se encuentran en una situación similar en lo que respecta a los centros de detención. Sin embargo, mientras que en sistema carcelario las prisiones privadas consisten en un 10% aproximado del total, los centros de detención de inmigración en manos privadas llegan al 79% según datos recopilados en 2021.
El reclamo de las organizaciones
Según se declara en el informe, una investigación realizada en el año 2016 por la Oficina del Inspector General del DOJ reveló que las prisiones privadas en funcionamiento bajo el BOP eran comparativamente menos seguras y más violentas que las estatales, y ejercían prácticas administrativas de segregación. A pesar de que las condiciones en todas las prisiones son subóptimas, algo que los activistas llevan diciendo hace mucho tiempo, en las privadas la situación es mucho más grave.
En los centros de detención, la comparación entre privados y estatales parece ser exactamente la misma, con el agravante de que los privados superan por mayoría a los estatales.
Teniendo en cuenta todos estos factores, las organizaciones reclaman que la orden ejecutiva se expanda para incluir al DHS y por lo tanto a la agencia ICE y sus centros de detención migrante.
Aunque la administración presidencial está actualmente explorando alternativas a los centros de detención, tales como el confinamiento domiciliario, monitoreo de líneas telefónicas y rastreo de GPS con tobilleras, estos programas tienen un tamaño muy reducido y no parece que puedan llegar a suplantar a los centros de detención a corto o mediano plazo.
Nuestra perspectiva editorial
La actual situación en los centros de detención resulta totalmente aberrante. Como hemos dicho en reportes anteriores, no estamos de acuerdo en perpetuar esta práctica totalmente injustificada de encerrar personas simplemente por no tener papeles. Es absolutamente perverso invocar la seguridad de la comunidad como motivo para mantener los centros, cuando son las mismas empresas privadas las que amenazan la seguridad de la gente en su afán de aumentar su fuerza de trabajo. Los centros no sirven tampoco para desincentivar la migración, ya que cada año acuden más personas a la frontera tratando de ingresar a los Estados Unidos.
En Inmigrando con Kathia damos todo nuestro apoyo a este pedido de las organizaciones de terminar con la práctica de las prisiones privadas. Nuestro corazón y nuestras plegarias están con aquellas personas que han sido víctimas de este sistema, y esperamos que el futuro nos depare medidas más humanas para tratar con el flujo de migrantes sin documentos.
