El veredicto de Drew Tipton entorpece la labor de la agencia
En el caso United States vs Texas, en el que se debate la autoridad de la Administración Presidencial a determinar prioridades para las agencias de inmigración ICE, el juez a cargo, Drew Tipton, falló a favor de Texas, el estado demandante, pero para ello violó precedentes de la Corte Suprema y del Estatuto Federal.
¿Qué se discute en United States vs Texas?
La pregunta fundamental del caso es si los oficiales de inmigración pueden decidir por cuenta propia cómo ejercer la ley, o si los líderes gubernamentales electos pueden establecer prioridades al accionar de esta fuerza pública.
El caso fue iniciado por el estado de Texas, que ha presentado múltiples demandas legales como esta en contra de las políticas migratorias de la Administración Biden. Usualmente, la Administración Presidencial de turno es libre de establecer prioridades y políticas, siempre y cuando respete los márgenes de la ley; pero el estado republicano ha decidido interferir al no estar de acuerdo con la agenda demócrata de Biden.
¿Qué pasó con el caso?
Drew Tipton, el juez federal de Texas que estuvo a cargo del caso, dio la razón al estado de Texas, recurriendo a dos Estatutos Federales que establecen que el gobierno debe tomar en custodia a los inmigrantes que cometan ciertas ofensas, y que el gobierno debe remover a los inmigrantes 90 días después de expedirse una orden de remoción en su contra.
¿Cuál es la controversia de United States vs Texas?
El veredicto de Tipton es erróneo a punto tal de que puede sugerirse que el juez está actuando de mala fe, ya que es su deber conocer los precedentes legales del caso. En su opinión, Tipton no solo va en contra de múltiples precedentes legales de la Corte Suprema; también está contradiciendo los mismos Estatutos Federales en los que apoya su argumento.
La contradicción en los Estatutos Federales
El primer Estatuto que cita Tipton explícitamente establece que “ninguna corte podrá ignorar una acción o decisión […] en tanto a la detención o liberación de un extranjero o la otorgación, revocación o negación de una fianza o parole”. El segundo Estuto citado determina que “nada en esta sección deberá tomarse como o utilizarse para crear un derecho material o procesal ni un beneficio que sea legalmente exigible por ninguna parte contra los Estados Unidos o sus agencias o oficiales o cualquier otra persona”.
Los precedentes de la Corte Suprema
Hay un largo historial de casos en los que la Corte Suprema ha ordenado a los jueces no interferir con la autoridad del gobierno de establecer prioridades para la agencia de inmigración, que incluyen políticas de “non-enforcement”. Este concepto refiere a la “no-aplicación” de la ley, y se refiere justamente a privilegiar la aplicación prioritaria de la ley a ciertos individuos por sobre otros. Los precedentes de Heckler vs Chaney, Reno vs American-Arab Anti-Discrimination Committee y Railroad Company vs Hecht son muy claros al respecto de la orden de no-interferencia.
Hay que aclarar que el gobierno no puede aplicar esto con fines de discriminación racial, política, religiosa, de género o cualquier otra índole; suele tratarse de cuestiones de peso legal, como antecedentes criminales. Esa es justamente la prioridad que estableció el Secretario de DHS, Alejandro Mayorkas, para la agencia ICE.
El Memorándum de Mayorkas
Mayorkas emitió un memorándum en septiembre de 2021 estableciendo que los agentes de ICE den prioridad a los arrestos de inmigrantes indocumentados que “sean un riesgo a la seguridad nacional, pública o fronteriza, y que como tal amenacen el bienestar de Estados Unidos”.
El memorandum es un método usual para establecer las prioridades, utilizado ya previamente en varias ocasiones desde el año 2005. Y por Estatuto Federal, el Secretario de DHS tiene la responsabilidad de establecer las prioridades y políticas respecto a la aplicación de la ley migratoria nacional.
¿Qué va a pasar ahora?
United States vs Texas tendrá audiencia en la Corte Suprema este martes. Por más de que la composición actual de la Corte favorece a los republicanos, hay buenas chances de que la opinión de Tipton sea repelida, ya que no tiene base legal legítima. Sin embargo, la Corte Suprema ha dejado que el caso avance hasta esta etapa, interfiriendo con los objetivos de la Administración Presidencial, lo que da indicios de preferencias y no-neutralidad.
