Investigación revela cómo Trump implementó la medida sin planificación
Durante la administración Trump, las políticas fronterizas y migratorias se endurecieron a punto de volverse inhumanas. Una investigación de la reportera Caitlin Dickerson para el medio The Atlantic reveló como la política de separación de familias migrantes generó daños irreparables a miles de personas. Cuatro años después, al menos 150 niños no han sido reunidos con sus padres.
Una frontera cada vez más cerrada
La campaña presidencial de Donald Trump estuvo fuertemente impulsada por el slogan “construir el muro”, que condensa la política migratoria que el ahora ex presidente tenía en mente para su gobierno. Una vez asumido el cargo, Trump no tardó en cumplir con sus promesas: las políticas de inmigración impulsadas por su administración generaron un clima de punitivismo, vigilancia y recelo no solo en la frontera, sino a lo largo y ancho del país.
Las medidas más conocidas dada su extensa cobertura en los medios fueron la política sanitaria Título 42, vigente aún, y los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), mejor conocidos bajo el rótulo “Quédate en México”, que recién comenzó a descontinuarse estas semanas.
Sin embargo, la separación de familias migrantes se encuentra en una categoría propia, no tanto en lo que refiere a los números, donde Título 42 y el MPP la superan ampliamente, sino al dolor, trauma y caos que generó y sigue generando hoy día.
¿Cómo llegamos a la separación de familias migrantes?
Caitlin Dickerson es una de las reporteras que siguió el devenir de esta política desde que comenzara a implementarse. Dickerson realizó una investigación exhaustiva sobre cómo la desidia, inacción y la mentalidad de rebaño causaron consecuencias inhumanas.
En la investigación, Dickerson explica cómo la totalidad de la agenda migratoria de Trump estaba basada en reducir al máximo posible la inmigración ilegal y las solicitudes de asilo. Dentro del equipo de Trump había personas con cargos importantes, como Stephen Miller, que impulsaron las medidas más agresivas. Sin embargo, para que se implementaran las mismas fue necesaria la complacencia de quienes ocupaban cargos burocráticos y tuvieron la oportunidad de presentar obstáculos.
Dickerson entrevistó a muchos de ellos. Todos sostuvieron, en términos generales, lo mismo: por miedo a ir contra la corriente y ser acusados de no ser “lo suficientemente conservadores”, nadie habló. Quienes no estaban de acuerdo pensaron que alguien en algún cargo más elevado diría algo. Nadie lo hizo.
De todos los funcionarios involucrados en la implementación de la separación de familias, la persona con más rango que Dickerson entrevistó fue Kirstjien Nielsen, secretaria de DHS. Fue la firma de Nielsen la que autorizó la medida. Nielsen se arrepintió luego de haberlo hecho.
Según la investigación de Dickerson, Nielsen recibió información falsa de las autoridades de inmigración sobre las condiciones y posibilidades de ambas agencias de implementar correctamente la medida. Es decir, si bien Nielsen autorizó la separación de familias migrantes en la frontera, al momento de firmar estaba bajo la impresión errónea de que las familias serían procesadas correctamente y el gobierno realizaría un seguimiento de los miembros separados para su posterior reunificación.
Lo que siguió, desde luego, demostró que no hubo preparación ni voluntad de realizar un sistema de seguimiento o establecer un protocolo para saber qué pasaría con las familias separadas.
Una crisis humana
En un principio, la administración Trump negó estar realizando separación de familias migrantes en la frontera. Cuando finalmente anunciaron el programa en 2018, hace meses que venían realizando esta práctica.
Dickerson consiguió el testimonio de Alma Nuñez, una terapeuta que trabajaba en una organización de Michigan que recibió a niños migrantes separados de sus familias, el Bethany Christian Services.
Nuñez fue testigo de escenas desgarradadoras. Niños de todas las edades, desde adolescentes a infantes en pañales, fueron trasladados lejos de sus familiares adultos – algunos de los cuales fueron deportados a su país – sin ningún tipo de información sobre qué pasaría con sus guardianes y ni con ellos. Los más grandes tenían información de contacto de familiares que fue útil para que Alma y sus colegas pudieran buscar a sus familias. Pero en el caso de los más pequeños, ubicar a sus familiares fue difícil.
Para al menos 150 niños y sus familias, la reunificación familiar es una deuda pendiente que el Estado tiene con ellos.
Además, los niños más pequeños no comprendían la situación. El dolor y el trauma que los menores experimentaron por la separación familiar no tiene mesura. Los trabajadores sociales y terapeutas que trataron de ayudarlos se quebraron al relatar sus historias.
Hoy más que nunca es importante recordar que todas las personas, sin importar su estatus legal, tienen derecho a un trato digno. Estamos frente a una tragedia cuyos culpables siguen impunes. No debemos dejarlo pasar.
