Qué cambiaría si aprueban la nueva regla de carga pública
Durante el pasado mes de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta de nueva regla de carga pública, tras haber anunciado su intenciones en febrero. Se trata de una potencial mejora para la vida de los inmigrantes cuyo objetivo es hacer de los Estados Unidos su hogar permanente, ya que permitiría que puedan acceder a ciertos beneficios estatales sin quedar en riesgo de perder sus chances de solicitar la residencia.
El equipo de noticias de Inmigrando con Kathia te comenta los puntos importantes de esta propuesta de nueva regla de carga pública y cómo es que la carga pública afecta a los migrantes sin residencia.
La carga pública: el trasfondo histórico
Durante el gobierno del expresidente Donald Trump se implementaron una serie de medidas claramente anti-inmigrantes que afectaron de forma feroz la vida de millones de personas en los Estados Unidos. Entre ellas, una resolución respecto a la carga pública y cómo tiene incidencia directa en las posibilidades de los migrantes de obtener la residencia permanente.
La doctrina de la carga pública se empezó a implementar por primera vez en el año 1882 a través del Acta de Inmigración. En este documento se especificó prohibir el ingreso a los Estados Unidos a cualquier persona incapaz de cuidar de sí mismo o sí misma sin volverse una carga pública, es decir, dependiente del Estado para su supervivencia.
La regulación actualmente vigencia en materia de migración, el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1952, establece que los aplicantes de visa que potencialmente puedan volverse carga pública son inadmisibles en el país. Una reforma posterior durante el gobierno del presidente Clinton en 1996 estableció condiciones incluso más estrictas para la carga pública.
Desde entonces, se empezó a tener en cuenta edad, tipo de discapacidad, el tamaño de la familia, nivel de educación alcanzado y otros criterios relevantes. Sin embargo, la actualización de 1999 no incluyó beneficios estatales como la ayuda alimentario SNAP o los programas de acceso a la salud como Medicaid dentro de los criterios negativos al momento de determinar carga pública.
¿Cuál es el problema actual con la carga pública?
El gobierno de Trump volvió incluso más restrictiva la consideración de carga pública: aquellos beneficios como SNAP o Medicaid, o incluso programas de ayuda para pagar las viviendas se incluyeron en los criterios negativos. Y por más que la forma en la que se implementaron estos cambios no fuera 100% “estricta” – contar con un beneficio no garantizaba descalificar para la residencia – muchos migrantes prefirieron no arriesgarse.
En muchos casos, las personas optaron por no solicitar ayudas que realmente necesitaban por miedo a perder su chance de obtener la Green Card más adelante. Por más que el actual gobierno haya revertido esos cambios, el clima de incertidumbre política no logra calmar los miedos de los migrantes sin residencia. En las condiciones actuales, sería muy fácil para el próximo gobierno volver a implementar cambios igual de restrictivos respecto a la carga pública. Además, el gobierno de Biden está actualmente luchando con 14 Estados republicanos que han decidido demandar para mantener activa la restricción de carga pública. La Corte Suprema no ha llegado aún a una decisión.
¿Qué propone la nueva regla de carga pública presentada por DHS?
La nueva regla de carga pública que está actualmente en tratativas determina que ciertos programas de asistencia gubernamental no serán considerados al determinar carga pública. Esto incluye programas como los mencionados SNAP y Medicaid (excepto la institucionalización a largo plazo) y beneficios de vivienda y transporte. Tampoco se incluirían beneficios de emergencias como la asistencia por pandemia o por desastres, ni los beneficios ganados como las pensiones.
Esto sería un increíble alivio para las familias migrantes o de estatus mixto, porque garantizaría el acceso a la salud, la vivienda y la alimentación – algo que no es garantía en los Estados Unidos hoy en día.
La regla propuesta entra en período de comentario el 25 de abril. Como todos los procesos de normativa legal y regulación, tiene un largo tiempo de tratamiento burocrático antes de poder implementarse, y está abierto a modificaciones.
Una gran crítica que ya ha sido realizada a la propuesta es en torno a las consideraciones de carga pública para las personas con discapacidad. Se trata de un espectro muy grande, y el gobierno no ha sido efectivo en la reglamentación general respecto a este colectivo. Muchas personas con discapacidad tienen total autonomía, otras tantas son autónomas con algún grado de asistencia y existen quienes dependen de la asistencia estatal para llevar una vida digna adelante – pero en muchos casos es la misma sociedad la que impone esta dependencia con condiciones estrictas para acceder a beneficios claves para que puedan trabajar y contribuir a la comunidad.
