Una orden de la era Trump complica la situación de los Jueces
El gobierno de Biden está haciendo todo lo posible para recomponer en tiempo récord un sistema migratorio profundamente dañado y colapsado. Mientras la crisis en la frontera de México y Estados Unidos no para de crecer, la situación en la Corte de Inmigración también empeora cada vez más. Los jueces están con sus capacidades saturadas y eso hace peligrar el destino de miles de migrantes.
La Corte de Inmigración de los Estados Unidos cuenta tan solo con aproximadamente 500 jueces en ejercicio. Ellos son quienes tienen a cargo la decisión sobre quiénes permanecen en los Estados Unidos y quiénes deben ser deportados. Cuando asumió la administración Biden, la lista de espera de solicitantes de asilo ya superaba el millón de casos y durante los últimos meses no ha parado de crecer.
Los jueces de la Corte de Inmigración han sostenido repetidas veces que no hacen a basto a ocuparse adecuadamente de los casos y que es urgente que se incorpore más personal de apoyo. Como si esto fuera poco, su autonomía está a punto de sucumbir ante las distintas presiones políticas. Durante la era Trump, fueron fuertemente presionados para emitir órdenes de deportación, incluso cuando los solicitantes de asilo aseguraban que su vida correría serio riesgo si se los enviaba a sus países de origen.
Con Trump la autonomía de la Corte de Inmigración corrió grave peligro
Los jueces federales asumen sus cargos de por vida y se garantizan así cierta inmunidad a la presión política. Por el contrario, los jueces de la Corte de Inmigración son empleados nombrados por el fiscal general y deben responder a él. Normalmente, los jueces de inmigración son apoyados por un sindicato que les garantiza cierta protección, pero el gobierno de Trump intentó disolverlo.
William Barr, segundo fiscal general de Trump, busco anular la certificación del sindicato de jueces de inmigración, asociación de representación colectiva de los jueces desde el año 1979. Como consecuencia, la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) desestimó esta larga tradición y declaró que, como funcionarios oficiales, los jueces de la Corte de Inmigración no pueden agremiarse bajo ningún concepto.
En respuesta, el sindicato de la Corte de Inmigración está tratando de impugnar el fallo de la FLRA desde hace algunos meses. En apoyo, decenas de demócratas miembros del Congreso firmaron este mes un documento en el que instan a los fiscales Merrick Garland y Lisa Monaco a rescindir la petición de William Barr.
«Estamos en un combate legal por nuestra vida para asegurar que se valore y se mantenga nuestra independencia de decisión, y que nosotros, como jueces, podamos hacer nuestro trabajo», declaró Amiena Khan, jueza presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (el nombre que recibe el sindicato de la Corte de Inmigración)
¿Cuál es la posición de la administración Biden sobre el conflicto?
Según el vocero oficial del Departamento de Justicia, el fiscal general de Biden aún no tomó la decisión final respecto a la petición de los jueces de la Corte. Sin embargo, la administración Biden ya ha tomado algunas medidas prácticas y afirmó que, dentro de su presupuesto anual se cuenta la contratación de al menos 100 nuevos jueces de inmigración.
Marks, una jueza de inmigración de San Francisco, defiende que los jueces no pueden ser utilizados como una de negociación y presión política. Afirma que como consecuencia de la costumbre de imposición de cuotas para la resolución de casos, los procesos que garantizan la representación de los migrantes corre serio peligro.
“Si estoy obligada a tomar una decisión sobre un caso rápidamente, los migrantes no tienen tiempo de conseguir la representación necesaria para su defensa”, agregó Marks. Y sin un abogado que garantice su defensa, usualmente los migrantes pierden sus casos de asilo.
Algo similar ocurrió con la jueza Lisa Dornell, quien durante la administración Trump decidió abandonar su cargo abrumada por las presiones políticas.
«Fue realmente desgarrador encontrarse con tantos impedimentos y no poder ayudar a todos los niños de la forma en que hubiera querido», recordó Dornell.
Desde Inmigrando con Kathia nos preocupa que mientras el conflicto no se soluciona, los casos de miles y miles de migrantes siguen encajonados desde hace años en las oficinas de inmigración. Y no son solamente casos judiciales, son vidas de familias enteras que dependen de la capacidad de resolución y rapidez de los jueces de la Corte de Inmigración. Esperamos que el presidente Biden pueda dar pronto respuesta a esta colapsada situación.
