Mujeres detenidas sometidas a prácticas ginecológicas innecesarias
Una investigación bipartidista del senado confirmó las múltiples denuncias realizadas en contra del Dr. Mahendra Amin, médico ginecólogo contratado por el Irwin County Detention Center, uno de los centros de detención de ICE en Georgia.
Durante 18 meses, el senado investigó una queja presentada por una antigua enfermera del Irwin County Detention Center (ICDC), Dawn Wooten, que declaró que un doctor realizaba “grandes porcentajes” de histerectomía en mujeres detenidas en Ocilla, Georgia, sin su consentimiento.
Te contamos todo sobre la investigación y cómo seguirá avanzando el caso.
Los reclamos contra el Dr Mahendra Amin
La organización Project South y otros grupos de activismo presentaron con ayuda de Wooten un reclamo contra los procedimientos que se estaban realizando a las mujeres en el ICDC. Aunque el Dr Mahendra Amin no fue mencionado por nombre, su figura el foco de la demanda.
Previamente, el mismo médico había sido demandado por el Departamento de Justicia y el Estado de Georgia en el año 2013, acusado de cometer fraude de Medicaid al ordenar procedimientos médicos innecesarios y excesivos. La demanda se resolvió con un arreglo entre las partes en 2015, en el cual Amin y sus co-demandados no admitieron culpa y pagaron una suma de $520,000 al gobierno federal.
Otros reclamos de abuso médico contra Amin por parte de pacientes se remontan hace décadas atrás, provenientes de mujeres de bajos recursos en la Georgia rural que necesitaban acceso a salud reproductiva.
Los resultados de la investigación al Irwin County Detention Center
La investigación concluyó en que hubo un “fracaso catastrófico” en prevenir los abusos de derechos humanos que el Dr Mahendra Amin infligió en las mujeres detenidas.
El reporte de 108 páginas que se publicó el 15 de noviembre durante una audiencia del senado sobre el trato de las mujeres en el ICDC reveló que Amin realizó un tercio de un tipo específico de procedimientos ginecológicos en las personas detenidas a lo largo del país entre 2017 y 2020, y más del 90% de otro tipo de procedimientos. Esto incluye 44 laparoscopias para extirpar lesiones y 102 inyecciones de Depo-Provera, siendo que solo las inyecciones realizadas por Amin conforman el 93% de las otorgadas por ginecólogos contratados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para tratar a pacientes detenidos.
Varias mujeres detenidas que fueron pacientes de Amin brindaron testimonio del mal trato médico y personal que recibieron por parte del demandado. Además de recibir tratamientos innecesarios, otras no pudieron acceder a cuidado que sí necesitaban o eran forzadas a someterse a otros procedimientos para poder hacerlo, según declararon frente al Senado.
Si bien la investigación encontró evidencia clara de las violaciones de derechos humanos cometidos contra las mujeres detenidas en el ICDC, todavía no se ha hecho justicia para las víctimas. Muchas víctimas en esta historia fueron deportadas antes de que pudieran contar su testimonio a las autoridades, como ocurrió con una mujer que recibió una histeroctomía en contra de su voluntad y fue luego deportada al Salvador.
Las deportaciones frenaron por orden del Senado, que intervino en el caso como parte de la investigación.
ICE sabía de las acusaciones
Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South, dijo que es notorio como ICE no tomó responsabilidad en el caso. “Sabemos que ICE sabía de los abusos desde 2018 y aún así no hicieron nada. Una vez que presentamos el reclamo y el Congreso y el público empezaron a prestar atención, en vez de cooperar con la investigación y tomar acciones para reparar las injusticias, ICE procedió a limpiar sus rastros deportando tantos testigos y supervivientes como pudieron antes de que las cortes y el Congreso intercedieran para frenar las deportaciones”.
¿Cómo avanzará el caso?
Amin sigue siendo investigado por múltiples agencias federales, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que está investigando reclamos de abuso y negligencia médica realizados por pacientes previos de Amin. Pero mientras tanto, la licencia médica der Dr Mahendra Amin sigue activa en Georgia, donde sigue ejerciendo la medicina en el área de salud sexual y reproductiva.
Project South y las demás organizaciones de activismo ven la investigación como un paso en la dirección correcta para obtener justicia, pero consideran que todavía queda un largo recorrido.
