Veinte estados controlados por republicanos presentaron una demanda contra los nuevos programas de parole humanitario de la administración Biden que permite que hasta 30,000 migrantes por mes entren legalmente a Estados Unidos con patrocinadores estadounidenses. El programa se aplica a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y les permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos bajo una permiso migratorio especial.
La demanda alega que el programa amplía ilegalmente el alcance de la autoridad del parole, y que los funcionarios debieron haber realizado una instancia de comentario público antes de implementar el programa.
La demanda impulsada por Texas
En la demanda, la coalición de estados liderada por Texas alegó que el parole solo puede ser utilizado en casos extraordinarios. La política, escribieron los estados en su demanda, «equivale a la creación de un nuevo programa de visa que permite a cientos de miles de extranjeros entrar a Estados Unidos que de otra manera no tienen base para hacerlo«.
Dicha expansión de la autoridad de parole sería por lo tanto ilegal, e ilegítima ya que no se siguió el proceso de comentario público que, según la coalición, es obligatorio para este tipo de programas.
La coalición demandante
Los estados que se unieron a Texas para demandar a la administración Biden el martes fueron Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming, todos controlados actualmente por el partido republicano.
El transfondo legal de las disputas por migración
La demanda presentada el martes es la última de una serie de batallas legales entre la administración de Biden y los fiscales generales republicanos sobre el destino de la política de inmigración y frontera de EE. UU.
Los estados liderados por los republicanos han tenido éxito en convencer a los jueces federales, muchos de ellos nombrados por el ex presidente Trump, de detener partes clave de la agenda migratoria de Biden en los últimos dos años. A petición de los fiscales generales republicanos, la Corte Suprema impidió en diciembre que la administración de Biden levantara una restricción fronteriza de la era Trump conocida como Título 42, que ha permitido a EE. UU. expulsar rápidamente a cientos de miles de migrantes, principalmente a México, por motivos de salud pública. La Corte Suprema escuchará argumentos orales para ese caso recién en marzo.
La respuesta de la administración Biden
La administración de Biden ha defendido el programa argumentando que permitirá a EE. UU. manejar mejor los flujos migratorios históricos registrados en la frontera sur en los últimos dos años. Según las estadísticas internas del gobierno obtenidas por el medio CBS News, desde que se anunciaron las medidas en enero, el promedio diaria de migrantes detenidos después de cruzar la frontera entre EE. UU. y México sin permiso legal ha disminuido en más del 40%.
La Casa Blanca ha criticado la demanda, afirmando que los funcionarios estatales republicanos buscaban «anotar puntos políticos» y que el programa proporciona un «camino seguro, legal y ordenado para la migración para las personas que huyen del comunismo o el colapso económico.»
Modelos de los Programas de Parole Humanitario
La política de patrocinio anunciada a principios de este mes se basa en dos programas similares lanzados por la administración Biden el año pasado para permitir que los ciudadanos estadounidenses y otras personas en los EE.UU. patrocinen financieramente la llegada de ucranianos que huyen de la invasión rusa y venezolanos desplazados por la crisis socioeconómica en el país sudamericano.
Desde que se anunciaron esos programas, en abril y octubre de 2022, respectivamente, los EE.UU. han admitido a más de 100,000 ucranianos y 11,000 venezolanos bajo la autoridad de parole, según los datos del gobierno. Los ciudadanos estadounidenses y otras personas con un estatus migratorio legal en los EE.UU. pueden solicitar patrocinar a migrantes bajo estos programas si pasan los controles de antecedentes y demuestran que pueden apoyar financieramente a los nuevos llegados.
