Implicará una suba en el financiamiento a las agencias migratorias
Desde hace unas semanas se están tratando los proyectos de ley de financiamiento de distintas agencias federales, entre ellos el presupuesto fronterizo para el próximo año fiscal. El Comité de Asignaciones realizó la semana pasada la votación sobre los presupuestos de seis agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus entidades burocráticas asociadas, para que comiencen su funcionamiento a partí de octubre de este año.
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¿En qué consiste el nuevo proyecto de financiamiento de agencias fronterizas?
El nuevo proyecto de presupuesto fronterizo propone un ajuste y reorganización del dinero utilizado por las agencias gubernamentales destinadas a temas migratorios. En primer lugar, el nuevo proyecto implica un aumento del 3% del financiamiento de dos agencias fronterizas: Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, e Inmigración y Control de Aduanas. Estas entidades ahora contaran con un presupuesto de $ 85.6 mil millones de dólares, casi $3 millones más de lo que contaban en el último año fiscal.
Ese dinero será destinado a la contratación de nuevos oficiales de CBP, nuevos agentes para la patrulla fronteriza, así como también la incorporación de nuevo personal técnico requerido por las agencias para poder cumplir con las normas y leyes migratorias establecidas. Sin embargo, el nuevo proyecto de presupuesto fronterizo parecería destinar los nuevos fondos a mejorar las condiciones de los agentes fronterizos, a la vez que recortará los fondos destinados a la detención y el control de migrantes para el año fiscal 2023.
¿Qué sucede con las detenciones a migrantes a partir del nuevo presupuesto fronterizo?
Como mencionamos recién, este nuevo proyecto de financiamiento para las agencias federales fronterizas establece una reducción en los fondos destinados a las detenciones de inmigrantes en el año fiscal 2023. De suceder esto, se complicaría ampliamente la situación de deportaciones, así como los pedidos de asilo humanitario por parte de extranjeros.
Actualmente los fondos destinados a albergar a inmigrantes detenidos permiten recibir un aproximado de 34,000 personas. Si el proyecto es aprobado, lo cual será definido y tratado en el Congreso, esa cifra se reducirá y los fondos servirán para detener y albergar a no más de 25,000 migrantes.
Es por ese motivo que desde El Comité de Seguridad Nacional de Asignaciones de la Cámara se ha solicitado un aumento en los fondos del Programa de Manejo de Casos de Alternativas a la Detención correspondientes al próximo año fiscal. Este programa permite que los solicitantes de asilo que no impliquen un riesgo para el país ni para la sociedad norteamericana, sean liberados y monitoreados a partir de un dispositivo de seguimiento colocado en el tobillo del implicado, el cual revela su ubicación cada dos horas a los agentes de ICE.
Desde el Comité aseguran que si no se destinan los fondos suficientes para abordar la problemática de las detenciones desde una perspectiva realista e integral, todo el sistema puede colapsar. Es necesario adecuar tanto al personal como a las instalaciones para resolver de la mejor manera posible las detenciones a extranjeros, así como también las solicitudes de asilo y albergue humanitario.
¿Cómo se ha modificado el presupuesto fronterizo con la administración Biden?
Desde que asumió el nuevo gobierno, el enfoque y la metodología abordada en las temáticas de migración han cambiado su rumbo, y esto puede verse reflejado en los fondos destinados. El mayor de los cambios tiene que ver con haber detenido la construcción del muro fronterizo, la cual implicaba grandes sumas de dinero. Esos fondos fueron destinados a un nuevo sistema presupuestario, que ha aumentado el presupuesto para las áreas de tecnología virtual.
Algunos registros del presupuesto fronterizo de Biden:
- $35 millones destinados para cámaras corporales para agentes de ICE.
- $100 millones destinados para tecnología fronteriza y otros $15 millones para “tecnología innovadora”.
- $165 millones destinados a la construcción de un tercer Centro de Proceso Conjunto en la frontera sur.
- $7 millones destinados para realizar investigaciones de explotación infantil (Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE)
- $6 millones destinados al control de caña Carrizo para que los agentes de la Patrulla Fronteriza patrullen las orillas del Río Grande.
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