El debate sobre la legalidad de comprar información.
ICE, CBP y otras entidades gubernamentales compran información privada a diferentes entidades para poder perseguir a migrantes indocumentados. Esto no es una novedad para nosotros, pero nos preguntamos qué sucederá en los próximos días cuando estos contratos terminen… ¿Biden los renovará?
Durante la presidencia de Donald Trump, el gobierno había comprado el derecho a usar una base de datos privados que permite localizar el movimiento de millones de teléfonos celulares gracias a información brindada por aplicaciones de compras, clima y juegos a las que los usuarios autorizan usar su localización geográfica.
¿Recuerdan el revuelo que causó conocer esta información? Luego de ello, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se vio envuelto en una importante polémica por violación a los derechos de privacidad. Quienes se ven afectados principalmente por esta política son, como siempre, los migrantes y más aún, los migrantes indocumentados.
El Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown afirmó que ICE utiliza también una enorme base de datos con millones de facturas de agua, electricidad, luz, internet, televisión y teléfono para llevar adelante la búsqueda de migrantes indocumentados.
El CBP ha dicho que solo ha accedido a un número limitado de datos de localización, y que estos son anónimos. Ellos dicen que pueden ver el celular pero no a quién pertenece, con el fin de proteger la privacidad de los ciudadanos… ¿Se piensan que somos tan ingenuos?
¿Cómo localizan a los migrantes indocumentados a partir de estos datos?
La información es tomada de las torres de las compañías de teléfonos celulares, que tienen una altísima capacidad de triangular la ubicación de un teléfono específico.
Se conoce a esta base de datos como CLEAR, y es perteneciente a la compañía Thomson Reuters. Contiene más de 400 millones de nombres, documentos y direcciones sobre servicios de 80 empresas de todo el país.
Según informó The Washington Post, CLEAR también cuenta con miles de millones de registros de vivienda, empleo, antecedentes penales y registro de vehículos. Toda esta gran cantidad de información favorece a distintas agencias gubernamentales al momento de realizar la búsqueda de migrantes indocumentados.
Según dicen las noticias, Thomson Reuters vende “software legal de investigación” a un número importante de compañías y agencias del gobierno, con base en datos dados por Equifax, una agencia a cargo de informes de crédito.
Las indagaciones de The Washington Post demuestran que los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Defensa utilizan esta base de datos para rastrear a migrantes indocumentados.
«Nos preocupa que la comercialización de Thomson Reuters de datos personales y el uso de los datos de clientes de servicios públicos y la venta de acceso amplio a ICE sea un abuso de privacidad, y que el uso de esta base de datos por parte de ICE sea un abuso de poder”
Alertaron congresistas del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes en una carta a Thomson Reuters y Equifax.
El contrato entre ICE y Thomson Reuters por 21 millones de dólares vencía el pasado domingo, aunque en noviembre se hizo la solicitud para renovarlo. Se desconoce si la Administración Biden renovará el contrato o no.
“Es necesario trazar una línea en la defensa de la dignidad básica de las personas. Y cuando el miedo a la deportación podría poner en peligro su capacidad de acceder a estos servicios básicos, esa línea se está cruzando”
Expresó Nina Wang, asociada de políticas del Centro de Derecho de Georgetown.
ICE dijo al antes citado diario que no puede opinar sobre sus “técnicas de investigación, tácticas o herramientas” para la localización de migrantes indocumentados. Aunque diversas investigaciones apuntan al uso de bases de datos privadas para rastrear migrantes indocumentados.
No aparecen limitaciones en el uso de bases de datos privadas dentro de las leyes federales, por lo que cada vez recurren más a ellas cuando no pueden obtener la información mediante órdenes de jueces.
“Es una traición masiva a la confianza de la gente. Cuando te registras para recibir electricidad, no esperas que envíen agentes de inmigración a tu puerta».
Añadió Wang.
A estas controversiales medidas, se suma otra de las medidas de las que hemos estado hablando en notas anteriores, aquellas que ver con la recopilación de datos biométricos faciales de las personas que ingresen a los Estados Unidos.
Esperamos que la administración de Biden sea lo suficientemente sensata como para darse cuenta que esta política heredada de la era Trump es una amenaza a los derechos de la privacidad de las personas, y los migrantes son personas independientemente de su estatus legal.
