Hace meses los jueces de la Corte de Inmigración luchan por su gremio
Durante la administración de Trump, un fallo de la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) anuló el gremio que agrupa desde hace décadas a los jueces de la Corte de Inmigración. Desde entonces, los jueces y otros aliados han luchado para recuperar su representatividad colectiva. Un anuncio del Departamento de Justicia (DOJ) de la semana pasada podría allanarles el camino.
Específicamente, el DOJ anunció la semana pasada que no se opondrá más al pedido de los jueces de la Corte de Inmigración para recuperar su asociación gremial como sí había hecho hasta ahora. De esta forma, podría quedar sin efecto el fallo de la FLRA que, desestimando sólidos precedentes legales, dictaminó que, en tanto funcionarios oficiales, los jueces de la Corte de Inmigración no tienen derecho a agremiarse legalmente.
La decisión del DOJ llega en un momento en que la situación en la frontera de México y Estados Unidos es altamente crítica y el sistema migratorio demuestra estar cada vez más colapsado y ser cada vez más ineficiente. El trabajo excede la capacidad de los escasos jueces de la Corte de Inmigración, que son sólo alrededor de 500, y la gente debe esperar muchísimos años a que se resuelvan sus casos.
Los jueces de la Corte de Inmigración colapsados
Los jueces de la Corte de Inmigración son quienes tienen en sus manos importantes decisiones sobre el futuro de los migrantes. Por ejemplo, son quienes tienen la última palabra en un caso de deportación. Como consecuencia, manejan una labor crucial que debe ser encarada con dedicación y compromiso. Sin embargo, esto se complica cuando afloran las presiones políticas y el exceso de trabajo. Además, la situación se dificulta aún más en los momentos de crisis en la frontera de México y Estados Unidos.
Por ahora, son solo alrededor de 500 los jueces de la Corte de Inmigración. Ellos tienen que ocuparse de una larguísima lista de espera con más de 1.3 millones de casos y que no para de aumentar. Considerando esta situación, la administración de Biden prometió contratar como mínimo a 100 jueces de inmigración más para así empezar a descongestionar la abrumada Corte de Inmigración.
¿Podrán los jueces de la Corte de Inmigración recuperar su gremio?
El estado de colapso que viven los jueces de inmigración día a día no es todo. Durante la administración de Donald Trump, la libertad de asociación y representación colectiva de los jueces fue coartada durante la administración Trump. Un fallo contra la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) impulsado por el fiscal general del gobierno republicano, William Barr, fue el responsable. Se anularon así todos los certificados legales de la NAIJ y se negó el derecho de asociación de los jueces. De esta forma, quedaron abandonados a las presiones políticas y se puso en riesgo la independencia de la Corte.
Aproximadamente 470 jueces son miembros de la NAIJ. Bajo la representación de la firma Latham & Watkins, la asociación se encuentra pujando para recuperar su estatus mediante peticiones y solicitudes legales. La justificación que respalda el fallo de prohibición de la NAIJ se basa en que los jueces de la Corte de Inmigración sientan precedentes y crean políticas cuando emiten sus decisiones.
Como argumento en contra, los jueces han sostenido que la Corte de Inmigración no posee facultades para sentar ningún tipo de precedentes y solamente se limitan a aplicar la ley y las directivas que ha establecido el Departamento de Justicia.
Dana Marks, una reconocida jueza de inmigración de San Francisco, dio esperanzas al señalar que, sin la oposición del Departamento de Justicia, existen probabilidades que la FLRA reconsidere su dictamen. Además, declaró que ha sido una decisión profundamente errada y por lo tanto debe ser rápidamente revertida.
Como abogados e inmigrantes, esperamos que la jueza Marks esté en lo cierto y que prontamente los jueces de la Corte de Inmigración recuperen su autonomía y su gremio y no deban someterse más a presiones e intereses políticos. Esto redundará en un sistema migratorio más justo y eficiente para todos.
