La congresista republicana de Florida presenta un ambicioso proyecto
El martes 7 de febrero, la congresista republicana por el Estado de Florida María Elvira Salazar presentó formalmente frente al congreso el proyecto de ley de reforma migratoria “Dignity Act”. Se trata de un extenso documento que plantea cambios estructurales al sistema migratorio en su totalidad. El proyecto contempla implementar caminos a la ciudadanía y residencia en los Estados Unidos para los inmigrantes indocumentados, pero muchos activistas por la comunidad migrante dicen que no se trata de buenas noticias.
Los cambios más importantes de la Dignity Act
La Dignity Act propone dos programas de una duración conjunta de 15 años para regularizar el estatus migratorio de inmigrantes indocumentados y proveerles eventualmente con el acceso a la ciudadanía americana.
El “dignity program” está destinado a aquellas personas que hayan vivido durante por lo menos 5 años en suelo americano. Bajo este programa, los participantes obtendrán un permiso para trabajar y permanecer legalmente en los Estados Unidos pagando un monto de 1000 USD anuales cuyo propósito es financiar un fondo de entrenamiento laboral para trabajadores estadounidenses.
Al cumplirse 10 años bajo esta modalidad, los participantes podrán optar por un “redemption program” que incluye educación cívica y servicio a la comunidad, por el cual finalmente serán considerados elegibles para la ciudadanía a través de la naturalización. Para poder participar de este programa, los participantes tendrán que contribuir una suma de 2500 USD cada 20 meses al ya mencionado fondo para trabajadores estadounidenses. Sin embargo, quienes no deseen participar de este segundo programa podrán permanecer en los Estados Unidos mediante visas de residencia renovables.
Con la Dignity Act, tanto los Dreamers como los beneficiarios del TPS podrían acceder eventualmente a la residencia permanente, sin tener que vivir con la duda de qué pasará con su estatus migratorio en medio de un panorama político incierto. También tendrán la oportunidad de viajar a sus países de origen y regresar a los Estados Unidos sin riesgo de deportación.
El mismo proyecto de ley contempla financiamiento para la seguridad en la frontera a través del trabajo de los migrantes. Los participantes del programa tendrán que pagar un impuesto a sus ingresos del 2% destinado justamente a mejorar la seguridad fronteriza sumando trabajadores a la Patrulla de Frontera, implementando nuevas tecnologías y continuando la construcción de los “muros” a lo largo de la frontera sur.
Las críticas a la Dignity Act
Si bien es verdad que el proyecto de ley presentado por la congresista María Elvira Salazar propone una solución efectiva para millones de migrantes indocumentados que esperan hace años una respuesta por parte del gobierno, lo hace introduciendo un arduo período de espera durante el cual los participantes tendrán que dedicar una gran parte de sus ingresos para mantenerse en carrera para la residencia. No serán elegibles para beneficios federales durante este tiempo, pero tendrán que pagar seguro médico e impuestos como los residentes legales.
Siendo que muchos de los destinatarios del programa realizan labores de bajos ingresos y ya deben destinar una gran parte de sus ingresos a alquileres y servicios, la carga impositiva de la Dignity Act no es un tema menor. Para Oscar Londoño, director del colectivo de trabajadores migrantes WeCount!, el proyecto de ley “traiciona su propio nombre”, según declara el Miami Herald. Para Londoño, esta ley dejará atrás a millones de personas debido a las restricciones y obstáculos que plantea para la residencia. Una verdadera reforma “digna” tendría que contemplar amnistía para los inmigrantes.
¿Qué va a pasar en el Congreso?
Actualmente, los republicanos no cuentan con una mayoría para hacer pasar este proyecto de Ley. Hemos visto durante los últimos meses la imposibilidad de implementar reformas a nivel legal en las casas de Congreso a menos que se cuente con un acuerdo entre los dos partidos. Prueba de ello han sido los repetidos intentos fallidos de hacer pasar la Build Back Better Act, que incluye el proyecto demócrata de reforma migratoria.
Frente a este panorama, el interés republicano en dar una solución real al problema de inmigración que parece dominar el discurso político estadounidense en estos últimos tiempos es bien recibido por una administración presidencial que parece estar agotando los recursos para cumplir sus promesas de campaña para con la comunidad migrante. Sin dar demasiados detalles al respecto, Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dio a entender al público que el presidente Biden está interesado en trabajar con cualquier persona interesada en crear un sistema migratoria más efectivo y más humano.
Queda por ver qué sucederá con la Dignity Act en las semanas por venir. Una aprobación del proyecto no parece el desenlace más viable para la iniciativa de Salazar. A pesar de que en Inmigrando con Kathia compartimos la opinión de los activistas de que esta ley no es para nada la mejor resolución a los problemas de la comunidad, nos da un poco de esperanza la posibilidad de un trabajo conjunto entre demócratas y republicanos para poner fin a esta deuda histórica que los Estados Unidos tiene para con los migrantes.
